Las universidades nacionales iniciarán la última semana de marzo con una nueva medida de fuerza que suspenderá las actividades académicas. El paro, de 72 horas de duración, fue convocado por los gremios docentes y no docentes en reclamo del cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se desarrollará desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril inclusive, y, al sumarse a los feriados de jueves y viernes, generará una semana completa sin clases en las instituciones públicas de educación superior.
Un conflicto con raíces presupuestarias
El origen del conflicto se remonta a la falta de aplicación de la norma de financiamiento, que fue ratificada por dos tercios del Congreso luego de un veto presidencial. A pesar de un fallo judicial favorable a las universidades, el Poder Ejecutivo no ha procedido a su implementación. Esta situación llevó a los rectores, reunidos recientemente en una cumbre, a reiterar su demanda de un presupuesto acorde a las necesidades del sistema.
La oferta salarial y el reclamo gremial
Frente al conflicto, el Gobierno anticipó una posible oferta de aumento salarial del 12.3% en tres tramos a lo largo del año. Sin embargo, los representantes de los trabajadores rechazan esta propuesta por considerarla insuficiente. Argumentan que, para recuperar el poder adquisitivo perdido y equipararse a los valores de diciembre de 2023, se requiere un incremento del 55.4%, muy por encima de lo ofrecido.
Un diagnóstico crítico del sistema
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un documento contundente tras su última reunión en Santa Rosa. El organismo calificó la situación presupuestaria del sistema universitario nacional como «crítica». Según sus datos, las transferencias a las universidades registran una caída real acumulada del 45.6% entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción histórica de los recursos disponibles.
Pérdida salarial y recorte en becas
El informe del CIN detalla un deterioro profundo. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios del sector acumularon un aumento del 158%, frente a una inflación del 280% en el mismo período. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a aproximadamente 7.3 salarios mensuales. Además, los fondos para becas Progresar se redujeron un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, quedando en valores reales más de un 95% por debajo de los de 2023.
Cambio de autoridades y futuro incierto
En el marco de la asamblea, el CIN renovó su conducción. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, dejó la presidencia del organismo. Su lugar será ocupado por Franco Bartolacci, máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario, quien se desempeñaba como vicepresidente. Lo secundará Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Si no hay avances en el cumplimiento de la ley ni se convoca a paritarias – suspendidas desde octubre de 2024 – los gremios ya anunciaron nuevas medidas de fuerza. Estas incluyen una Marcha Federal el 23 de abril y otro paro nacional en la semana del 27 de abril, lo que profundizaría la crisis en el sistema de educación superior pública.
