Medio siglo después, qué rol nos cabe a las hijas e hijos de genocidas?

La construcción de la impunidad

El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 representa el lugar hacia el cual no queremos volver jamás. El recuerdo de la época más siniestra de la historia argentina sobre la que, en la actualidad, al parecer existe una tendencia, desde la construcción de sentido de los medios y políticas negacionistas, a intentar alcanzar un acercamiento a distintos epígonos de ese pasado oscuro.

Desde ya que esto no ha sido novedad. A lo largo de los años de democracia ha habido contradicciones, avances y retrocesos que tenían como trasfondo lograr la impunidad de los militares, enfrentándose siempre a la resistencia que, de una forma u otra, luchó por impedirlo. Esa resistencia también bregó por la memoria histórica basada en documentación y testimonios sostenidos en declaraciones de sobrevivientes y ventilados en los estrados de los juicios de lesa humanidad, así como también en archivos de documentación. Todo lo contrario a la creación de un mito como el que levantan los reivindicadores y negacionistas del genocidio.

Por mi corta edad hacia 1983, los recuerdos personales de la esfera política me resultan un poco difusos. No obstante, si bien tuvimos un inicial juicio a las Juntas militares, eso en definitiva inauguró una tensión, contraponiendo a los movimientos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo primordialmente, a discernir qué tribunales los idóneos para llevar adelante los juicios: si los civiles o si el asunto debía ventilarse en el marco de la justicia militar.

La tensión se resolvió por la condena en el Poder Judicial (civil), pero sólo una condena casi acotada a las Juntas y ligeras sanciones hacia abajo, con la exoneración de responsabilidades prorrumpidas por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promovidas por el gobierno de Raúl Alfonsín, y toda una serie de alzamientos de militares “carapintadas” en apoyo a la impunidad (cuyo programa hoy es recogido y remozado por la actual vicepresidenta, el Hada Madrina de los genocidas, Victoria Villarruel).

De esos alzamientos sí tengo un vívido recuerdo. Mi padre, si bien ya no pertenecía a las fuerzas, formó parte activa de los mismos. El poder de turno negoció, bajo el pretexto de “la casa está en orden”, la salida de aquella Ley de Obediencia Debida. Y así llegamos al menemato y su amnistía e indulto en toda la línea. Paradojalmente, Carlos Menem terminó con el servicio militar obligatorio, alineó a las Fuerzas Armadas a la política de la OTAN y los Estados Unidos y aceptó de manera incondicional todas las sugerencias que le fueron impartidas en ese sentido en un ámbito de “relaciones carnales” con el imperialismo.

El año 2001 marcó un hito, con el desplome del Plan de Convertibilidad y la política de restricciones y austeridad hacia los sectores obreros y populares. Las distintas fracciones burguesas intentaron recuperar las riendas del poder y, para ello, la que se impuso otorgó algunas concesiones al movimiento popular. Entre ellas, producto de la larga lucha, la anulación de los indultos y aquellas leyes de impunidad. Como contrapartida, la (en cierta forma imprescindible) cooptación de algunas estructuras, tanto del movimiento de derechos humanos como también del movimiento piquetero, guiados por aquellas concesiones.

Hoy día nos encontramos ante la impunidad biológica de muchos genocidas, porque la “justicia” resulta un freno para alcanzar a todos los represores imputados. A ello se suma la liberación de algunos otros que obtienen el beneficio procesal de la prisión domiciliaria. A esa virtual laxitud se aúna (porque no son escindiblesun importante saldo deudor o férrea contracara respecto de la criminalización de la protesta social, el uso de regímenes de leyes antiterroristas aplicados a los reclamos sociales cotidianos, la proliferación de la política de gatillo fácil (facilísimo) o la punibilidad de la adolescencia con regímenes como los recientemente sancionados.

Obviamente, desde 2015 se hizo más patente con el gobierno de Mauricio Macri, al hacer efectiva la devolución de favores al funcionariado genocida y represor que colaboró con el poder real (como decía la Carta Abierta de Rodolfo Walsh) y, de esta manera, vislumbrar la posibilidad de ralentizar los procesos judiciales o mediante artilugios jurídicos tratar de impugnar el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, nombrando funcionarios cercanos a esas posiciones negacionistas.

No obstante, rescato como positiva toda la acción llevada adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo, apuntaladas por el resto de los organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y fuerzas democráticas, para lograr la restitución de identidad de casi un centenar y medio de quienes, al momento de su apropiación ilegal, eran niñas o niños y hoy, como adultos, han podido reencontrarse con sus familiares que pujaron por su búsqueda durante muchos años.

Lo concreto pareciera apuntar a que en la actualidad hay un pacto para salvar a las instituciones del régimen, aún a costa de que ello incluya la impunidad o la instalación de procederes antagónicos a las prácticas de guardar los debidos recados y formas constitucionales, es decir acentuando los rasgos bonapartistas.

Cuatro recuerdos

De estas décadas guardo cuatro recuerdos como los más significativos o emblemáticos. Dos de ellos ya los mencioné: el alzamiento carapintada, que me tocó de cerca por la participación de mi padre en el mismo; y el 2001, que abrió el camino para desandar la impunidad desembocando en la anulación de las leyes y la reapertura de las causas de lesa humanidad.

En ambos el movimiento popular fue protagonista. Mientras que en el primero fue desvirtuado por la representación político-partidaria del régimen (con excepción de la izquierda trotskista), en el segundo las masas pudieron saltar los límites que les imponían esas debilitadas y desprestigiadas representaciones .

Un tercer momento importante para mí fue la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo esencial para lograr la condena del genocida Miguel Etchecolatz. Ese hecho nos devolvió a una realidad parcialmente ausente, la de los desaparecidos en democracia.

Sin embargo, la participación de las hijas e hijos desobedientes como agrupamiento que expresa el repudio al accionar represivo de nuestros padres se tornó palmario a mediados de 2017, a partir de la movilización contra el “dos por uno” intentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del genocida Luis Muiña. Allí, al calor de esa movilización, todas y todos los hijos desobedientes sufrimos un significativo salto en la conciencia que nos permitió asociarnos en agrupaciones para hacer pública nuestra disidencia y repudiar la conducta criminal llevada adelante por nuestros padres.

El grado de relevancia de esa movilización, a nuestro entender, se consolidó exhibiendo que el movimiento popular pudo al cabo de un día o pocas horas coordinar para hacerse presente en todas las calles del país para frenar y revertir ese verdadera provocación del Poder Judicial.

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Impugnar los mitos

Apelando a nuestra experiencia personal de hijas e hijos desobedientes (u obedientes al mandato de la conciencia societal) debo decir que, en muchos casos, la ética social finalmente termina sobreponiéndose al acuerdo mafioso de clanes como aquellos que indujeron a guardar secretos o reivindicar los hechos criminales en las familias de militares genocidas.

Como hijas e hijos de desobedientes creo que nuestro rol actual en esta coyuntura debe pasar por la delimitación del negacionismo y su consecuente reivindicación del genocidio que ostentan todos aquellos hijos obedientes que hoy pululan ejerciendo cargos en este gobierno, como el ministro de Defensa Carlos Presti o Villarruel (Las Fuerzas Armadas fueron las instituciones más corruptas de la historia argentina).

Desde nuestro rol debemos impugnar los mitos de aquellos obedientes a los clanes genocidas. Como la “continuidad de la línea histórica” entre el Ejército de Mayo o sanmartiniano con la banda de genocidas del Proceso que asoló nuestro país. Aquel Ejército en el que los genocidas y represores autopercibieron su identidad de existencia anterior a la Nación nos intenta confundir con su relato mesiánico que quieren volver a poner en circulación.

Los militares de 1976 integrantes de ese presunto estamento utilizan ese pretexto de rectores de la Patria para ser impunes a todo mandato de la sociedad civil e incluso eludir a la justicia en caso de aquellas y de futuras gestas represivas. Eso representa un miserable mito de la peor baja estofa y distorsión.

Nuestro accionar como hijas e hijos de desobedientes de genocidas debe materializarse en el basamento de la memoria histórica sustentada en los archivos de documentación que dan sobrada prueba y testimonios de sobrevivientes, pericias de antropólogos forenses y testigos en casos de lesa humanidad, por mencionar los más importantes, reivindicando la certeza de la existencia de los 30000 desaparecidos.

De esa forma se le da la espalda a la mitología prejuiciosa y reaccionaria, emparentada con las campañas de acción psicológica de 1976, que intentan volver a instalar para justificar la impunidad. Debemos bregar también por la conservación intacta de los sitios de memoria, la guarda y conservación de la documentación sensible de pruebas en los juicios de lesa humanidad y luchar por la reincorporación del personal de los ministerios encargados de su mantenimiento y puesta en valor.

Debemos desalentar nuestra propia farandulización como hijas e hijos de los victimarios de un genocidio y apuntar todo nuestro esfuerzo para ayudar a hacer circular y difundir la verdad y memoria históricas del genocidio argentino, evitando confundirnos con aquellos otros que abogan con desfachatez por el olvido y la reconciliación guiados por la lógica de clanes.

Nuestra denuncia del genocidio tampoco se circunscribe al caso argentino ni se agota con él, sino que debemos estar atentas y atentos denunciando el genocidio palestino en la Franja de Gaza a manos del ejército israelí y repudiando toda la acción imperial beligerante llevada adelante por los Estados Unidos y sus (hoy escasos) aliados.

Ya no es tiempo de intensificar nuestros relatos de desdichas familiares sino situarnos desde un discurso inserto en la conciencia social colectiva interpelando hacia los conflictos sociales y las luchas actuales desde la perspectiva de los derechos humanos, sin olvidar que el 24 de Marzo es una fecha conmemorativa que no debe transformarse en un hito folclórico cristalizado sólo en la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Porque las luchas por los derechos humanos también aumentan, se intensifican y se actualizan.

Resulta imprescindible nuestra participación al lado de los explotados y oprimidos en las calles, mostrando que es con ellos con quienes queremos reforzar nuestro lazo social y nuestra solidaridad continua ante los ataques de este gobierno opresor, hambreador y negacionista.