SANTA CRUZ.- Hace diez días que Fabio Cattani se debate entre la vida y la muerte luego que fuera víctima de una feroz golpiza por parte de un grupo de al menos treinta personas identificadas con el gremio de la construcción.
Su esposa denunció que el ataque premeditado dejó al hombre de 56 años en estado crítico, con lesiones internas y riesgo vital. Desde la seccional de la Uocra en Puerto Deseado deslindaron responsabilidades en el ataque.
Según la denuncia presentada por su esposa, Sonia Montes, Cattani, contratista de obras, se encontraba trabajando en el SUM del sindicato judicial en la localidad de Puerto Deseado, donde reside, cuando fue abordado por una patota que lo golpeó brutalmente.
Según la denuncia radicada ante la justicia entre los agresores se identificó a Franco Moreyra, secretario general de la Uocra de esa localidad señalado como instigador del hecho, junto a Fabián Hernández, Carlos Tapia y Oscar Aranda, alias “Cachumba”.
De acuerdo al relato fue Moreyra, quien al bajarse de una camioneta frente a la obra en que se encontraba trabajando la víctima expresó “a Cattani hay que matarlo”, tras lo cual seguido por un número impreciso de personas descendieron de los vehículos y sin mediar provocación, los agredieron a todos, pero de forma conjunta se focalizaron en Cattani propinándole patadas y golpes de puño incluso cuando ya se encontraba caído en el suelo.
Los agresores mencionados en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, fueron identificados por los compañeros de Cattani, incluso el mismo llegó a identificarlo, antes de caer en coma inducido.
Según detallaron allegados al constructor, el hecho ocurrió mientras había cuatro policías de la provincia de Santa Cruz presente quienes no habrían intervenido y fueron quienes llevaron a Cattani sangrando hasta el Hospital Zonal de Puerto Deseado.
Durante el ataque, le sustrajeron su teléfono celular y una pistola 9mm registrada a su nombre. Luego, el arma sería encontrada en cercanía de la sede de la Uocra, según denunciaron desde el propio gremio. Cattani, antes del ataque, había concurrido a protestar frente a la sede sindical, por un enfrentamiento de larga data.
Tras recibir los primeros auxilios en el hospital, el hombre se retiró por sus medios, sin embargo, horas más tarde regresó. “En el momento del ingreso, presentaba lesiones visibles compatibles con fracturas en las costillas, por lo que fue internado para observación. Sin embargo, alrededor de las 02 h del día siguiente se descompensó gravemente, presentando palidez extrema y signos de shock”, detalla la esposa en el relato de la denuncia.
Tras una tomografía se detectó una rotura grave de bazo que comenzó a sangrar masivamente, provocando un shock hipovolémico severo y de urgencia debieron extirparle el bazo. “Posterior a la operación, Fabio estuvo consciente, inclusive, se lo paso a sala común, donde volvió a relatarme los hechos sucedidos. Luego, los profesionales médicos debieron colocarlo en coma inducido, en terapia intensiva, con pronóstico reservado”, detalló la mujer en la denuncia.
El 18 de agosto, debido al agravamiento de su cuadro clínico derivado de las lesiones sufridas, Catani fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Alta Complejidad de Caleta Olivia ubicado a 200 km de Puerto Deseado, donde permanece intubado con pronóstico reservado. El parte médico indica que presenta ocho fracturas costales, varias de ellas con compromiso pulmonar, fallo respiratorio y cardíaco, además de una grave lesión testicular, con pronóstico reservado.
La querella, patrocinada por dos abogados del fuero local, solicitó una batería de medidas probatorias, entre ellas el análisis del vehículo en el que se habría sustraído el arma, registros fílmicos de la zona y testimonios de personal médico y policial. Allegados a la víctima, aseguran que la causa no registra avances a diez días de los hechos.
Por su parte, la querella solicitó que se convoque a declarar a los agentes presentes, así como al personal médico que atendió a Cattani en las primeras horas posteriores al hecho. Además de las medidas judiciales, la familia de la víctima reclama garantías de protección y avances concretos en la investigación en tanto que la causa, podría derivar en imputaciones por tentativa de homicidio agravado y robo con violencia, se perfila como uno de los casos más graves registrados en la región en los últimos años.
La versión de la Uocra
Desde la sede de la Uocra en Puerto Deseado, uno de los referente locales del gremio de la construcción Franco Moreyra, a quien apuntan como instigador de la agresión que dejó a Cattani en coma inducido, negó todo tipo de responsabilidad en el hecho.
Ante los medios locales aseguró en conferencia de prensa, que la mañana del 11 de agosto, mientras él no se encontraba en la sede del gremio Cattani y un grupo de personas se acercaron hasta allí “con palos y aerosoles buscando violencia”.
“Cattani tiene una prohibición de acercamiento, a mí, a mi familia y al gremio, una perimetral que incumplió”, detalló Moreyra y aseguró que todo quedó registrado en las cámaras y calificó al hombre que se debate entre la vida y la muerte “como una persona peligrosa”.
Según su propia versión, Cattani tiene una larga historia de enfrentamiento con el gremio y ya se había acercado en forma violenta hasta la sede sindical en los años 2014, 2018 y 2022, “bueno esta es la cuarta vez, fue el lunes de la semana pasada y cada vez que se acercó al gremio lo hizo armado”.
El sindicalista leyó una carta pública donde deslindó responsabilidades de los hechos posteriores y aseguró que contaba con el respaldo del secretariado general de la Uocra nacional. El sindicalista argumentó que Cattani era quien tenía animosidad contra el gremio y aseguró que desde su sector no se habían involucrado en obras del contratista pese a haber recibido denuncias de trabajadores.