En la provincia de Córdoba, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos contabiliza 965 personas inscriptas y vigentes. Sin embargo, para quienes trabajan todos los días en el fuero de familia, ese número está lejos de describir el problema real.
Según la abogada especializada en familia Luciana Ulla, «ese número no refleja la realidad. Está muy alejado de lo que pasa en la práctica. En nuestro estudio tenemos muchísimos deudores y, de ese total, apenas tres están inscriptos”.
En base a los datos de su estudio, entre el 30% y el 40% de las personas con una cuota alimentaria fijada incumplen el pago y, en la enorme mayoría de los casos los deudores son hombres. «Mujeres deudoras no tengo en el estudio”, señala.
El contraste entre el dato oficial y la práctica judicial expone una brecha que impacta directamente en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. “De las cuotas alimentarias que llegan al estudio para tramitar, de 100 casos, se judicializan los 100. Es muy raro que un progenitor acuerde voluntariamente una cuota justa”, remarca Ulla.
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Ese patrón también se explica por cómo se distribuye, en la práctica, el cuidado tras las separaciones en la ciudad de Córdoba. Según el estudio «¿Cuánto dura el amor? Análisis descriptivo de las sentencias de divorcio de los Juzgados de Familia de la ciudad de Córdoba«, que analizó 600 sentencias de divorcio dictadas en la ciudad, en el 39% de los casos el cuidado principal quedó a cargo de la madre, en el 25,7% se estableció un cuidado alternado y solo en el 8,7% se fijó la residencia principal en el domicilio paterno.
El dato permite trazar una radiografía concreta de cómo se reorganizan las familias luego del divorcio y ayuda a explicar por qué, en la práctica judicial cotidiana, la deuda alimentaria recae mayoritariamente en hombres que no conviven con sus hijos y por qué el impacto del incumplimiento se concentra en hogares sostenidos por mujeres.
El número oficial y una realidad que no entra en el registro
Para Ulla, el principal problema no es solo cuántos figuran en el registro, sino qué eficacia real tiene esa herramienta para forzar el cumplimiento. “Hoy la inscripción en el registro no resulta una medida suficientemente fuerte. Las limitaciones que genera no son tan gravosas”, explica. En ese contexto, los juzgados de familia comenzaron a priorizar otro tipo de sanciones que, según la experiencia judicial, funcionan mejor como mecanismo de presión.
“Se aplican medidas como la prohibición de salida del país, restricciones para ingresar a espectáculos o partidos de fútbol, la suspensión de líneas telefónicas o incluso limitaciones vinculadas a redes sociales. Los jueces de familia están a la vanguardia en ese sentido”, detalla.
La consecuencia directa de la falta de pago, advierte, no es solamente económica. “Es un daño a todos los niveles: físico, emocional y laboral. La persona que convive con los hijos tiene que asumir sola la carga, resignar horas de trabajo, descanso, capacitación y esparcimiento”.
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Cuando el progenitor obligado no cumple, la respuesta judicial suele extender la responsabilidad hacia el entorno familiar. “Muchas veces terminamos reclamando a otros parientes, como abuelos o tíos. A veces sirve para cubrir la cuota, y otras veces como elemento de presión para que el padre finalmente pague”, explica.
Por qué la cuota no alcanza y muchas veces tampoco se paga
Ulla remarca que, aun cuando existe una sentencia, el sistema enfrenta un límite estructural. “La cuota alimentaria siempre se fija en función de dos parámetros: la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentado. Pero en un país con inflación y con tanta inestabilidad, nunca alcanza”, sostiene.
Sin embargo, el problema central no es solo el monto, sino el incumplimiento sistemático. “Es muy difícil encontrar un equilibrio cuando a quien debe pagar tampoco le alcanza, pero eso no puede trasladarse a los chicos. Alguien tiene que asumir ese costo, y hoy lo termina asumiendo casi siempre el progenitor conviviente”.
Cuánto cuesta hoy garantizar una crianza mínima
El incumplimiento de la cuota alimentaria se vuelve aún más crítico si se lo mira contra el costo real de criar a un hijo. Según la canasta de crianza elaborada por el INDEC, en enero de 2026 el valor mensual de referencia fue de $476.230 para menores de un año, $567.124 para niñas y niños de 1 a 3 años, $483.497 para el tramo de 4 a 5 años y $607.848 para chicos y chicas de 6 a 12 años, el grupo con el costo más alto.
Estos montos expresan cuánto cuesta, como piso mínimo, sostener una crianza y funcionan como referencia objetiva en muchos juzgados de familia al momento de discutir el monto de la cuota.
La canasta no contempla solo comida. Incluye el conjunto de gastos que la cuota alimentaria debería cubrir: alimentación, vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación y otros consumos básicos, pero también el valor económico del tiempo de cuidado.
En términos concretos, una parte del monto mensual corresponde a bienes y servicios esenciales, que en enero de 2026 fueron de $154.079 a $314.331, según la edad, y otra parte al tiempo de cuidado, que representa entre $230.108 y $368.172 mensuales, de acuerdo al grupo etario.