Fiscales revisan celulares de Spagnuolo y Kovalivker, claves en investigación por presuntas coimas en ANDis
La fiscalía analiza los celulares de Diego Spagnuolo y los Kovalivker para determinar presuntas coimas vinculadas a ANDis y la droguería Suizo Argentina
26/08/2025 – 12:02hs
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, completó la extracción forense del celular de Diego Spagnuolo, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). La información obtenida será remitida al fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa que indaga posibles pagos indebidos en la provisión de medicamentos.
El análisis forense de los dispositivos busca corroborar la veracidad de audios difundidos en medios de comunicación en los que Spagnuolo mencionó presuntas coimas por parte de laboratorios y droguerías a la firma Suizo Argentina. Según sus declaraciones, un porcentaje cercano al 3% de esos pagos habría alcanzado a funcionarios como Lule Menem y Karina Milei.
El procedimiento incluyó la localización de los celulares de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. La entrega de los dispositivos no fue inmediata. Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, entregó su celular apagado y sin contraseña recién el lunes último. La DATIP intervino para realizar la extracción forense y acceder a la información digital.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires identificó al ex funcionario Spagnuolo con dos teléfonos móviles, que también fueron entregados sin contraseñas. La fiscalía considera que la información contenida en estos dispositivos puede resultar determinante para confirmar o desmentir las acusaciones de pagos indebidos vinculados a ANDis.
Presuntas coimas en la ANDIs: origen de la denuncia y funcionarios señalados
La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La causa ingresó a Comodoro Py 24 horas después de que los audios se difundieran. Los señalados en la denuncia incluyen a Javier y Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker.
La denuncia plantea que los involucrados podrían haber participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionado con la compra y provisión de medicamentos, con posible afectación de fondos públicos. Los delitos en investigación comprenden cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública. La denuncia sugiere considerar la maniobra como una asociación ilícita.
El juez federal Daniel Casanello ordenó allanamientos inmediatos para asegurar pruebas digitales y documentales, incluyendo los dispositivos móviles de los principales implicados.
La fiscalía analiza posible esquema de pagos indebidos
El fiscal Franco Picardi indicó que «existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción». La investigación apunta a determinar si existieron pagos indebidos que vinculen a ANDis con la droguería Suizo Argentina, que provee medicamentos al organismo. La fiscalía evalúa registros contables, documentación administrativa y comunicaciones digitales que puedan clarificar la relación entre el organismo público y la empresa privada, y que determinen si los pagos denunciados constituyeron irregularidades.
Los dispositivos móviles de Spagnuolo y los hermanos Kovalivker son considerados pruebas centrales. La extracción forense permite analizar comunicaciones, mensajes y correos electrónicos que podrían vincular a los funcionarios y empresarios con presuntos pagos indebidos. El análisis buscará también identificar mensajes relacionados con los audios publicados en medios, evaluando la participación de funcionarios en un posible esquema de coimas. Los resultados del peritaje digital determinarán las siguientes medidas de la fiscalía, incluyendo nuevas citaciones, ampliación de la investigación y posibles imputaciones.
La fiscalía continuará con la revisión de todos los dispositivos incautados y otros elementos de prueba pendientes. Se espera que la información extraída permita establecer la existencia o no de pagos indebidos, así como la participación de cada involucrado en la presunta maniobra.
Además, la Justicia evaluará la relación entre el sector público y privado en la provisión de medicamentos y determinará si se verificaron irregularidades que afecten fondos públicos. La investigación continúa con la recolección de pruebas digitales y documentales que respalden o descarten las acusaciones.