domingo, 3 agosto, 2025
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Suba de haberes, bono y moratoria para jubilados, más emergencia para discapacitados: qué mejoras prevén las leyes que vetó Milei

Las leyes que fueron vetadas por el presidente Javier Milei son tres proyectos impulsados por la oposición que prevén mejoras para jubilados y discapacitados. Fueron aprobados por amplía mayoría en ambas cámaras. Aquí, los puntos más importantes de cada proyecto:

Aumento de las jubilaciones

Establece un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones.

La suba es del 7,2% y excluye a los regímenes especiales. La cifra busca recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados en enero del año pasado cuando la inflación fue del 20,6% y el ajuste que otorgó el Ejecutivo fue del 12,5%.

También se prevé un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.

Si se aplicara lo aprobado por el Congreso, en julio la jubilación mínima sería de $ 441.600, frente a los $ 379.355 fijados por el Gobierno. La diferencia sería de $ 62.273, un 16,4%.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el costo fiscal del aumento del 7,2% es de $ 1,6 billón (0,20 del PBI) para lo que resta de este año mientras que sube a $ 3,4 billones (0,41% del PBI) anualizado.

En tanto, con el aumento del bono a $ 110 mil móvil, el impacto fiscal sería de $ 1,01 billón (0,12 % del PBI), con un costo anualizado estimado en $ 3,1 billones (0,38% del PBI).

En el Gobierno argumentan que el impacto fiscal es mayor y pondría en riesgo el superávit. También aseguran que los proyectos no prevén de dónde saldrían los fondos. Son las principales justificaciones oficiales para el veto.

Nueva moratoria previsional

El otro proyecto aprobado por el Congreso con mayoría del Senado y Diputados dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

La propuesta permite que aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero que no cumplen el requisito de los 30 años de aportes puedan regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

Lo que hace es extender por 2 años los alcances de la última moratoria, que exigía para acceder al beneficio tener más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

La norma original fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía 2 años de vigencia con la posibilidad de prorrogarse por el mismo período. Sin embargo, Javier Milei decidió no prorrogarla y caducó en marzo de este año.

Si la ley hubiera entrado en vigencia, unas 220 mil personas podrían haber accedido a la jubilación a través de la moratoria.

En consecuencia, las personas que están en edad de jubilarse pero que no cumplen con los 30 años de aportes sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

La Oficina de Presupuesto estimó que el impacto fiscal total derivado de las nuevas altas previsionales alcanzaría a $ 3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PBI.

Emergencia en discapacidad

El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 propone regularizar pagos y actualizar aranceles para los prestadores de servicios.

Además, fija una reforma del sistema de pensiones no contributivas, respalda a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y obliga a cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

El impacto fiscal total de las medidas, según lo informado por la Oficina de Presupuesto, fue estimado entre $ 2,4 billones (0,28% del PBI) a $ 4,3 billones (0,51% del PBI).

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