El Gobierno firmó un DNU que permite vender hasta el 90 % de las acciones de AySA, habilita cortes a usuarios residenciales morosos y autoriza aumentos tarifarios frecuentes. Especialistas advierten sobre el impacto social de convertir el agua —derecho humano esencial— en negocio.
Agua ¿derecho o negocio?
El Ejecutivo nacional oficializó este martes, mediante el DNU 493/2025, la reforma del marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal que cubre el servicio de agua y cloacas en la Ciudad y 26 partidos del conurbano bonaerense
La medida autoriza al Estado a vender total o parcialmente su 90 % accionario, habilitando el ingreso de capital privado mediante licitación nacional e internacional, y la posibilidad de cotización en Bolsa.
El objetivo oficial es generar nuevas inversiones y reducir el déficit tras un reciente superávit operativo (104.000 millones de pesos en 2024) logrado tras tarifazos, pero con paralización de obras y recorte de personal
Además, se elimina la prohibición vigente para usuarios residenciales en mora. Ahora, tras 60 días de atraso y previa intimación, la concesionaria podrá interrumpir el suministro completamente. Los no residenciales quedarán sujetos al corte después de 15 días de atraso, aunque estarán exentos hospitales y cárceles
Aumentos tarifarios, financiación y garantías
- Se permiten revisiones trimestrales automáticas de tarifas para mantenerlas en términos “reales”, reflejando la inflación.
- También se admiten reajustes extraordinarios (por costos imprevistos) bajo aprobación del ente regulador.
- Además, AySA podrá usar los ingresos de la concesión como garantía financiera para endeudamiento.
¿Qué riesgo implica este cambio?
Organismos como el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet) muestran que las tarifas de AySA aumentaron un 331 % en 2024, y temen que los nuevos ajustes intensifiquen la presión sobre los hogares
Este esquema, puramente privatista, tenderá a priorizar zonas rentables, achicar personal, reducir inversiones y desplazar la lógica del agua como derecho humano frente a un bien de mercado.
El precedente de los ’90
El proceso remite a la privatización de Obras Sanitarias durante el gobierno de Menem (1993), adjudicada a grupos como Suez, que terminó en rescisión contractual y un costoso arbitraje internacional (US$ 384 millones).
Durante ese período, las tarifas se incrementaron hasta en 88 % sin mejorar el mantenimiento ni la cobertura.
El DNU 493/2025 marca un cambio de paradigma: de un servicio público bajo control estatal a un negocio atractivo para capitales, con consecuencias posibles como mayores tarifas, cortes por deuda y pérdida de inversión en infraestructura en barrios menos rentables. ¿Se repetirá el fracaso de los ’90?
La motosierra de Milei está dejando un daño estructural en su afán de desmantelar el Estado, daño que será muy difícil de revertir en el futuro. Por tal motivo es necesario enfrentar todo este plan de saqueo, que en este caso antepone los negocios al propio derecho al agua.
Al contrario del pensamiento del gobierno, se necesitaría un AySA 100% estatal bajo control de sus trabajadores y usuarios y con presupuesto para poder hacer llegar el servicio a todas las áreas necesarias.