La jueza federal Sandra Arroyo Salgado respaldó este lunes su decisión de detener a Eva Mieri, concejala de Quilmes, y Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense, por el ataque con caca a la casa del diputado libertario José Luis Espert. Y sostuvo que una publicación de Patricia Bullrich entorpeció la investigación a la hora de dar con otros culpables. «Esas acciones perjudican», dijo.
«Yo consideré que había riesgo de fuga en un primer momento. No nos olvidemos que lo hicieron encapuchadas, alterando chapas patentes, con gorros y guantes para no ser descubiertos», explicó la jueza en diálogo con Radio con Vos y señaló que «cuando hay riesgo de entorpecimiento o de evadir la justicia, el juez está habilitado» a pedir la detención.
En ese sentido, marcó que el teléfono celular de Eva Mieri que se secuestró como prueba parecía «como si hubiera nacido el día anterior» porque «no tenía contactos, ni llamadas, ni mensajes de WhatsApp, que sí había en el celular de Abaigar».
Asimismo, Arroyo Salgado lamentó una publicación que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la detención de la concejala. «Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida«, indicó.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2025
Los delitos por los cuales se procesó a Eva Mieri y Alesia Abaigar son por atentar contra el orden público, por «organizar o formar parte de agrupaciones que tienen por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor», señaló la magistrada. Sumó también amenazas coactivas agravadas por el anonimato, incitación a la persecución y el odio contra una persona por sus ideas políticas. «Marcar el domicilio de un legislador con esa frase es alentar e incitar», explicó.
La jueza recordó que además de arrojar materia fecal al domicilio del diputado, pusieron un pasacalles que decía «acá vive la mierda de Espert» y arrojaron panfletos con la frase «Espert sos una mierda, con CFK no se jode», y comparó estos hechos con marcaciones de domicilios judíos durante el Holocausto.
Además, la concejala Mieri será investigada por malversación de fondos por el uso de una camioneta particular en el marco de una licitación de obra pública en Quilmes y alteración de patente.
Arroyo Salgado recordó además que ella misma fue víctima de amenazas y marcación de domicilio cuando estaba en pareja con el difunto fiscal Alberto Nisman, quien había solicitado en 2006 la detención de ciudadanos iraníes y libaneses, y Luis D’Elia organizó una movilización hasta la casa del matrimonio.
«Las amenazas son un delito y están tipificadas como tales en el Código Penal. Por mis propias experiencias personales, trato de trabajar con todo el compromiso», expresó.
Consultada respecto de amenazas realizadas por otros funcionarios públicos, como el propio diputado Espert pidiendo «cárcel o bala» para la referente de izquierda Myriam Bregman o el presidente Javier Milei incitando al odio contra los periodistas, la jueza señaló que «es el fiscal el que promueve la acción penal», es decir, que un juez no puede actuar de oficio.
«Si de las máximas autoridades se promueven discursos de odio, se derrama», marcó Arroyo Salgado y consideró que su deber es actuar en las causas que le tocan porque «la repetición de estos actos nos llevan a normalizarlos y si creen que la justicia no actúa, se sienten habilitados a seguir cometiendo actos de violencia».
Asimismo, consideró que «la Justicia está muy mal» porque «tenemos una Corte prácticamente desintegrada, el Ministerio Público Fiscal no tiene una máxima autoridad consoildada en el cargo. Es responsabilidad de todos los sectores políticos que no le dan al Poder Judicial los elementos para que actuemos bien y pueda ser un poder independiente y fuerte».
«En los casos que me toca intervenir, me hago cargo del deber que me toca y avanzo como creo que tengo que avanzar en protección de las víctimas», insistió.
Respecto de una posible parcialidad de Arroyo Salgado sobre la investigación que involucra a líderes kirchneristas y ciertas afinidades políticas, también vinculadas a la muerte del fiscal Nisman, la jueza señaló: «Si las partes consideran que puedo perder imparcialidad por lo que viví, me pueden recusar y yo argumentaré por qué creo que no es así».