En los 18 meses de gestión de La Libertad Avanza, las provincias recibieron a cuenta de coparticipación y de transferencias no automáticas un total de 18 billones de pesos menos que en 2023 (a precios constantes de junio 2025), según estimó el Instituto Argentina Grande. Es decir que dejaron de percibir alrededor de 15.000 millones de dólares en un año y medio. A las provincias les resulta difícil reemplazar los recursos que reciben de la Nación, ya que tienen una capacidad limitada para generar ingresos propios, mientras deben afrontar gastos esenciales como salud, educación y el pago de salarios públicos. Este recorte histórico a las provincias se da en un año electoral donde se acostumbra a cerrar acuerdos. Los mandatarios federales presionaron.
La pulseada entre gobernadores y el PEN incluye la transferencia de los ATN, que representan el 1 por ciento de la recaudación federal coparticipable, que aunque se conforman automáticamente, su distribución a las provincias es discrecional por parte del Ejecutivo. El resto de la masa coparticipable se distribuyen en un 42,34 por ciento que queda en manos de la Nación y el 56,66 por ciento distribuído automáticamente entre las provincias y CABA.
El fondo de los ATN, además, ha sido subejecutado desde que Milei llegó a la presidencia a fines de 2023. De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 por ciento del mismo, mientras que en los primeros cinco meses del 2025 la ejecución alcanzó el 22 por ciento. El reparto también ha sido desigual entre los distritos: desde que Milei es presidente, ocho provincias no recibieron transferencias -entre ellas, CABA y Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.
Mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos en concepto de ATN, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, solo a ocho provincias. Este desplome en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que rondó el 200 por ciento desde que asumió el nuevo Gobierno.
El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el jefe de gobierno de CABA establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación. En cuanto al costo fiscal, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) con proyecciones sobre la recaudación nacional, para el segundo semestre de 2025, el mismo ascendería al 0,05 por ciento del PBI, una cifra que gira en torno a 0,4 billones de pesos.
Combustibles y jubilados
Los gobernadores también plantearon la eliminación de seis fondos y fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, de modo de reasignar esos recursos hacia las provincias. Así, lo recaudado para las provincias en función de este impuesto se incrementará del actual 10,4 por ciento a un 58,36 por ciento. Puntualmente, el proyecto de ley dispone la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los siguientes fondos: el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda (FONAVI). La distribución de los fondos se realizará siguiendo los coeficientes de coparticipación al igual que con los ATN.
Según el IARAF, el impacto fiscal de este proyecto, suponiendo una recaudación del impuesto para todo el año en torno a los 4,8 billones de pesos, equivale en términos del PBI a un 0,19 por ciento. Tanto el proyecto de los ATN como de la coparticipación del impuesto a los combustibles deberán ser sancionados en Diputados.
Otro proyecto de ley abordado en la sesión del jueves en el Senado establecía una mejora en las jubilaciones, a partir de tres consideraciones: el incremento del 7,2 por ciento en los haberes como una recomposición por la pérdida por inflación sufrida durante el primer trimestre de 2024, un aumento en el bono compensador a 110.000 pesos y su ajuste posterior aplicando la fórmula de movilidad, y también incluye una prórroga en la moratoria previsional. Según estimaciones de la consultora Analytica, hay 195.208 personas próximas a cumplir la edad de jubilación que cuentan con menos de 20 años de aportes.
Este proyecto de ley fue aprobado por mayoría pero el presidente adelantó que lo vetaría. Desde La Libertad Avanza siempre se oponen en especial a las moratorias. El costo fiscal anualizado de esta propuesta rondaría los 6,6 billones de pesos, lo que representa un 0,76 por ciento del PIB, según la consultora Analytica.
¿Alcanzan los recursos?
El Poder Ejecutivo argentino se opone a todos los proyectos de ley recientemente aprobados en el Senado –incluidos los vinculados al régimen de discapacidad y a la emergencia en Bahía Blanca- por considerarlos una amenaza al equilibrio fiscal. El presidente Milei ya anunció que vetará todos los proyectos, aunque para que ese veto sea ratificado se requerirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Si bien hay margen para dilaciones legislativas, el escenario actual sugiere que las iniciativas podrían volver a aprobarse hacia fin de año, según los votos registrados en la última sesión.
En paralelo, se conoció esta semana que, por primera vez en lo que va de la gestión, se registró un déficit en las cuentas públicas bajo criterio devengado, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El gasto devengado se define como la obligación de pago generada, diferenciándose del gasto pagado, que ocurre cuando los fondos son liberados. En junio se alcanzó un déficit financiero de 2,7 billones de pesos y un resultado primario negativo de 1 billón de pesos, aunque el acumulado del primer semestre sigue arrojando superávit (0,6 billones y 6,7 billones respectivamente). Este cambio en la dinámica fiscal pone bajo presión uno de los pilares del programa económico del Gobierno y presentado como principal credencial ante el FMI.