El Gobierno de Javier Milei tiene por delante un desafío difìcil de resolver. Debe bloquear en el Senado el proyecto de movilidad jubilatoria o, si la iniciativa es aprobada en la Cámara Alta, garantizar el blindaje del veto, es decir, evitar que Diputados ratifique por segunda vez la norma que aprobó. Mientras el clima electoral complejiza la relación con los gobernadores, los legisladores de cada provincia y de distintas fuerzas políticas se transforman en piezas de-sequilibrantes para una pulseada que sucederá en medio del calendario electoral.
La administración libertaria no es plenamente consciente de los obstáculos que debe sortear para que la iniciativa que significa una mejora en las jubilaciones no se transforme en ley. La Cámara Baja aprobó este miércoles tres puntos muy sensibles para la Casa Rosada: un incremento del 7,2% en la jubilaciones mínimas, la extensión de una nueva moratoria previsional por dos años y la declaración de una emergencia nacional en discapacidad hasta 2027.
El oficialismo sólo advirtió que no hay negociación posible en el Senado ante una oposición que reúne al menos 34 votos de los 37 necesarios para sancionar un proyecto.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hasta el sábado, fuentes libertarias con influencia en Casa Rosada daban por descontado que el proyecto, que a los ojos de Milei detona el equilibrio fiscal, será sancionado en la Cámara Alta, y posteriormente vetado por el Presidente. Con semejante certeza, en el Gobierno preparan el terreno para el paso siguiente: blindar el veto del jefe de Estado en Diputados. En este punto, las sensaciones en el partido gobernante cambian radicalmente y hay un optimismo mayoritario, acorde con la euforia que mantienen desde las elecciones porteñas del 18 de mayo y la derrota del PRO en tercer lugar. Dicen que van a aparecer nuevamente los legisladores capaces de garantizar que el veto no se toque. Se refieren a “los 87 héroes” (ver página 3). Una referencia a aquellos diputados que el año pasado, en octubre, garantizaron el blindaje del veto presidencial a otro proyecto de movilidad jubilatoria que tuvo sanción en las dos Cámaras y generó la furia del jefe de Estado. Fue la pulseada del año pasado y asoma muy diferente a la reedición que se está gestando nuevamente en el Congreso.
“Y probablemente se sumen algunos más”, remarcó confiado un funcionario con despacho en la Casa Rosada. Otras voces del oficialismo aseguran que la oposición no puede reunir 150 integrantes a favor de los textos. Hacen cálculos sobre el total de 257 bancas, pero una de los textos llegó a 142. En la Rosada apuestan que la oposición no superará ese número. Al mismo tiempo estiman que con 75 diputados el hipotético veto del Presidente queda firme. Esa lectura tiene poco eco en el Congreso, incluso dentro del oficialismo.
Más allá de estos cálculos, existen interrogantes sobre qué rol jugarán aquellos diputados que se abstuvieron. Cerca de un ministro confían que aparecerán cuando La Libertad Avanza (LLA) los requiera. Ya hubo sondeos sobre qué postura pueden tomar si se discute el blindaje a la negativa del texto y afirman, ante la consulta de PERFIL, que “son partidarios de la responsabilidad fiscal”. No lo mencionan a viva voz, pero descuentan que el PRO que está tejiendo un acuerdo electoral con la fuerza identificada con el color violeta en la provincia de Buenos Aires acompañará sin dudar. Pero lo cierto es que el bloque amarillo tuvo votaciones diferentes con nuevas fracturas en ciernes.
En Balcarce 50 prevén reuniones entre miembros del oficialismo con los gobernadores. Serán diálogos en los que los mandatarios provinciales llevarán una lista de reclamos sobre la obra pública que Nación recortó (ver página 20). Esos tejidos se desarrollan desde la semana pasada, con la firma de convenios para aplicar el “Plan de Reparación de los Ahorros de los Argentinos”. Ya firmaron trece mandatarios. En cada uno de esos encuentros, representantes libertarios trataron de sondear posiciones en relación al blindaje del próximo veto. Para los próximos días habrá un encuentro en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y cuatro o cinco gobernadores del PRO. La cita que planifican revela que el Gobierno echará mano a los mandatarios amarillos para buscar los respaldos que le faltan.
Mientras tanto, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, funcionario del área de Karina Milei, son otros dos integrantes de LLA que tendrán un rol negociador con la oposición. Y no se descarta que habrá conversación con Santiago Caputo, el asesor todoterreno.
De todos modos, LLA enfrenta dos problemas. El primero, es que por el momento no da indicios en ceder en aspectos clave sobre la reanudación de la obra pública y menos en el tema jubilaciones, un tema de alto impacto social y que generó que muchos sectores de la sociedad, como sindicatos, trabajadores de la salud, educación y hasta movimientos feministas, acompañen el reclamo de los adultos mayores con una manifestación masiva, como la que se produjo el miércoles pasado.
Para la administración Milei, los haberes que reciben los jubilados solo mejorarán “con el crecimiento de la economía” y “no hay vuelta atrás” en este aspecto. “Ya lo dijo el Presidente: no se va a aprobar nada que comprometa el equilibrio fiscal”. El segundo inconveniente es que el clima electoral complica las relaciones entre Nación y Provincias. El cambio puede significar un dolor de cabeza para el Presidente. Desde un despacho de la Casa Rosada reconocen que si bien hay gobernadores que pueden acompañar al oficialismo con la Ley Colchón, también asumen que muchos necesitan desmarcarse del Gobierno. Especialmente con temas sensibles que conmocionan al electorado, como el ingreso jubilatorio.
Los mandatarios no parecen decididos a pagar el costo político que significa rechazar un alza para mejorar los ingresos que cobran los adultos mayores, golpeados por el ajuste. Vienen meses determinantes. Deben enfrentar elecciones locales y revalidar sus liderazgos, pero temen que la inflexibilidad de la Casa Rosada les juegue en contra.