Desde las cero de este miércoles finaliza la concesión de la denominada “Ruta del Mercosur”, que une el puente de Zárate-Brazo largo con 700 kilómetros de las rutas 12 y 14, así como del tramo entre Rosario y Victoria. La ruta pasará a manos de Vialidad Nacional, el organismo estatal que se encarga de la construcción de caminos, no así de su operación, por lo cual se dejará de cobrar peajes en todos sus tramos.
Se trata de una estatización a medias, ya que el Gobierno anunció que avanzará con una nueva concesión de esas rutas. Y el contrato entre el Estado y CRUSA finaliza en medio de acusaciones cruzadas y el abandono de 500 empleados que desde este miércoles quedan sin trabajo y sin indemnización.
Muchos de los empleados se reunieron el martes para protestar frente al peaje de Zárate. A través de un comunicado, CRUSA informó que “esta decisión, tomada por el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Vialidad significa además el despido de 500 trabajadores que lamentablemente quedarán sin trabajo, por la falta de continuidad de la operación por parte de la DNV; y sin indemnización, debido a la incapacidad económico y financiera provocada por los incumplimientos del contrato por parte del Estado Nacional”.
CRUSA es una empresa formada por las constructoras Covimer (31%), CODI (25%), Parenti Mai Concesiones (17%), Concesiones Gorostiaga (17%) y Conevial (10%). La empresa tiene abierta una causa contra el Estado, al que reclama una indemnización de 300 millones de dólares por contratos incumplidos.
La respuesta de Vialidad Nacional llegó también por vía de un comunicado. El organismo a cargo de Marcelo Campoy afirmó que “en relación a los vínculos contractuales que Caminos del Río Uruguay S.A. sostiene para con sus empleados, cabe recordar que son de exclusiva responsabilidad de la empresa”.
Agregó que Vialidad Nacional no se hará cargo del personal que quedará cesante. “El personal contratado por las empresas con que se celebran los mencionados acuerdos no reviste relaciones laborales por las que el organismo tenga responsabilidad alguna, ya que se encuentra establecido que la explotación resulta por cuenta y riesgo de las concesionarias, exclusivamente”.
Los trabajadores de CRUSA iniciaron el martes una protesta frente al peaje de Zárate, mientras definían si tomaban nuevas medidas. “Es mentira que no tienen dinero para pagar las indemnizaciones. La temporada de verano fue extraordinaria con el fenómeno Brasil”, señaló Gonzalo Morales, uno de los trabajadores de la concesión, en declaraciones al programa “Parte Diario”, por Radio 2880 de Gualeguaychú.
Según la empresa concesionaria, “frente una inflación acumulada de 4095% en los últimos 6 años, el valor del peaje fue incrementado solo en un 1493%, porcentaje que representa un tercio de las variaciones de los costos”. Y señaló que “la manifiesta incapacidad financiera para hacer obras y la necesidad de ejecutar trabajos indispensables para la seguridad del tránsito, hicieron que la empresa debiera aplicar para ello el Fondo de Contingencias para despidos, creado para la desvinculación del personal al fin de la Concesión en 2019”.
El comunicado de CRUSA detalló que, a diferencia de otros servicios públicos y concesiones de obra pública, “la falta de ajuste del peaje de las rutas 12 y 14 no se vió compensada por subsidios de ningún tipo” y que, pese a ello, “se invirtieron US$ 870 millones en obras, costos de explotación, gastos administrativos, pagos de impuestos y demás gastos”.
Sin embargo, desde Vialidad Nacional acusaron a la concesionaria de no haber puesto sus cuentas en orden.
“Teniendo en consideración la situación financiera de la empresa y los tiempos que demanda iniciar una nueva concesión, (Vialidad) optó por otorgar una prórroga de 12 meses durante 2024, a fin de que (CRUSA) pueda sanear sus cuentas y elaborar los planes de acción necesarios para contar con los fondos que generen el cierre de sus actividades sin perjuicio para sus empleados, acciones que no realizó pese a contar con una adecuación tarifaría del 200% entre 2024-2025”.
Por otra parte, agregó el organismo oficial, “Vialidad Nacional ha labrado actas de incumplimiento de contrato que a la fecha suman $60 mil millones, entre las resueltas y las que se encuentran en proceso. El organismo, se ha encargado durante la actual gestión de regularizar la situación y realizar controles exhaustivos sobre la concesión ya que la misma presenta un estado de deterioro que es de público conocimiento. Esta cifra no está cerrada ya que al finalizar el contrato y realizar la toma de posesión, se realiza la evaluación final constatando los incumplimientos al día que podrán dar lugar a nuevas multas”.